Inmediatamente después de terminarse la guerra civil española se hizo de la vivienda un argumento político como consecuencia del apoyo ideológico a la familia, receptáculo de las esencias espirituales y conservadoras del hombre. Era frecuente en los discursos políticos de aquel entonces hacer alguna referencia al hogar, además naturalmente de aquellos en que se trataban específicamente de la vivienda social.

Posteriormente y hasta 1961 se construyeron gran cantidad de viviendas, importando más su número que su calidad, pero con una serie de objetivos teóricos que podemos resumir en los siguientes: actuación en las periferias, coordinación con el transporte, cooperativismo, municipalismo, arquitectura alternativa a la llamada ciudad burguesa a través de un progresiva racionalización de tipos de habitación y de su proceso de producción, planeamiento físico como instrumento de planificación de control, intervención coordinada del poder de la Administración con los intereses de un sector distinto del capital.

Creacion del Instituto Nacional de la Vivienda y regémen de Viviendas Protegidas

En 1939 se creo el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.) con la misión de fomentar la construcción de viviendas y asegurar su aprovechamiento. De las atribuciones de dicho organismo destacamos las siguientes:

Se le reconoce al I.N.V. personalidad jurídica propia y autónoma para administrar su patrimonio aunque posteriormente pasó a depender de la Organización Sindical, posteriormente al Ministerio de Trabajo y más tarde del Ministerio de la Vivienda cuando se creo en 1957.

Junto a la creación del I.N.V., se inauguró el régimen Viviendas Protegidas. En el preámbulo de la Ley que crea el I.N.V. se dice: "El nuevo Estado va a dar facilidades para que determinadas entidades, aquellas que puedan concentrar más esfuerzos y estén más interesadas en la solución de este problema (Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, Organizaciones del Movimiento), puedan encontrar el capital preciso para acometer en gran escala la construcción de viviendas protegidas; orientarán esta construcción con una visión unitaria de las necesidades nacionales por planes comarcales, dentro de un plan de conjunto a cuya elaboración colaborarán todas ellas, sin olvidar que el problema de la vivienda no se resuelve con la construcción de la casa, sino que se necesitan los servicios complementarios y las comunicaciones precisas que son fundamentales para la vida de los que hayan de habitarlas".

Se definió la "Vivienda Protegida" como aquella que siendo de renta reducida y estando incluida en los planes generales formulados por el I.N.V. fuesen construidas con arreglo a proyectos que hubiesen sido redactados u oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones higiénicas, técnicas y económicas determinadas con las ordenanzas comarcales que se dictasen al efecto. Es decir, se evidencia el sentido perfeccionista de la Ley, al tener que estar las viviendas incluidas previamente en los planes generales del I.N.V. Las condiciones para ser beneficiario de las viviendas protegidas eran: ser español, mayor de edad, dedicarse a un oficio, empleo o profesión liberal, o ser pensionista del Estado. Esto no cabe duda planteó problemas de acceso a la población recientemente inmigrada que, lógicamente, antes que trabajo buscaba una vivienda. Los beneficios económicos de las viviendas protegidas eran de dos tipos: directos, anticipos sin interés y primas a la construcción; e indirectos, bonificaciones fiscales y tributarias y de expropiación forzosa, contratos y negocios jurídicos relativos a la adquisición de los terrenos en arrendamiento o cesión, construcción, contratos de préstamo y anticipo, emisión de obligaciones, herencias y legados. Gozaban de esta reducción también las contribuciones, impuestos o arbitrios del Estado, provincia o municipio. La duración de éste régimen se extendía a 20 años a partir de la calificación definitiva del I.N.V. Las viviendas protegidas se podían adquirir en venta o alquiler. La actividad estatal en el sector de la vivienda se rige por la Ley de Viviendas Protegidas hasta 1954 en que se promulgan las disposiciones creadoras de las Viviendas de Renta Limitada.

Plan Nacional de la Vivienda

Se programó el primer plan de viviendas -todavía no llamado nacional- para el decenio 1944-1954. De la cifra total el I.N.V. sólo podría proteger el 25%; sin embargo, las cifras reales de viviendas construidas en éste periodo fueron bastante más bajas.

No se alcanzó más que la mitad de la cifra total deseada. Podemos señalar como causas determinantes:

En 1944 se promulgó la disposición relativa a viviendas bonificables. Dicha Ley tenía por objeto la construcción de viviendas para la clase media e impulsar la construcción entre la iniciativa privada para intentar paliar el problema del paro que entonces empezaba a tener caracteres graves por la fuerte inmigración de mano de obra no cualificada procedente del campo. Se pretendía estimular tanto la construcción de viviendas nuevas como las existentes. Se fijaron los máximos de renta mensual en 500 pesetas para las superficies comprendidas entre 110 a 150 m² y 200 pesetas para las menores de 60 m². No se exigía ningún requisito esencial para ser beneficiario. Los beneficiarios eran también de tipo directo e indirecto. Entre los primeros estaban los préstamos y primas a fondo perdido y subvenciones, y entre los segundos los beneficios tributarios, de expropiación forzosa y de preferencia para la adquisición de materiales que por aquel entonces escaseaban. Había dos tipos de calificaciones: provisional, cuando se aprobaba el proyecto, y definitiva, cuando se terminaba la construcción. Las calificaciones estaban a cargo de la Junta Nacional del Paro, previo informe del I.N.V.. La duración del régimen de viviendas bonificables se extendía a 20 años a partir de su aprobación definitiva.

El destino de estas viviendas era en régimen de arrendamiento, aunque podían ser objeto de uso propio o venta. Teóricamente se apoyaba el sistema de renta desde el momento en que si en la solicitud inicial no se explicaba el deseo de venta, se renunciaba a este derecho. Sin embargo, el resultado fue la venta de viviendas a una clase de economía desahogada, que permitió obtener buenas ganancias a promotores que se beneficiaban de subvenciones y préstamos a largo plazo. Son ejemplos de viviendas bonificables el barrio del Niño Jesús y Mirasierra para clase media alta y el Barrio de la Estrella y Concepción para clase Media.

La reconstrucción de la ciudad tras el final de la guerra civil marcó la tónica de los años cuarenta en Madrid. En un ambiente de penuria y escasez en el que las colas, las cartillas de racionamiento, y el estraperlo eran las características dominantes del ambiente de la ciudad. Entre las clases menos pudientes la desnutrición, la lucha por la vida, y el sobrevivir en un ambiente inhospito era el horizonte cotidiano. Todo ello dentro de un ambiente de paz social fundamentado en el desmantelamiento del movimiento obrero, la represión, el miedo, y la sensación de derrota. Otra parte de la población madrileña se benefició de los presupuestos del nuevo régimen, eran los que se abscribían en las filas de los vencedores, que vieron recobrados y exaltados los valores tradicionales conservadores, y soportaron de mejor grado las penurias de la posguerra, mediante sus vinculaciones con las nuevas autoridades de la dictadura. Entre ellos destacaron los protagonistas del negocio fácil, la especulación y la rápida acumulación.

La Junta de Reconstrucción de Madrid se dedicó al problema de la vivienda, que era el más urgente debido a las destrucciones que se habían producido. Se adaptaron los barrios de la carretera de Extremadura, Puente de Toledo, Usera, la estación del Norte y Entrevías, y los pueblos de Las Rozas, Majadahonda, Aravaca, Pozuelo, Carabanchel Bajo y Villaverde.

Los organismos dedicados a la construcción de viviendas eran: la Jefatura Provincial de F.E.T. (barrio provisional de Comillas), Regiones Devastadas (barrio del Tercio en Carabanchel) y Ayuntamiento. La Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores se encargó de urbanizar terrenos para que pudieran construir otros organismos. Su actividad se localizó sobre los barrios que espontáneamente habían surgido a principios de siglo al exterior del Paseo de Ronda del Ensanche de 1860. La Comisaría actuaba de tres formas: redactaba el proyecto y ejecutaba directamente el plan de urbanización; redactaba el plan y era la iniciativa privada quien ejecutaba la urbanización o la urbanización privada realizaba las dos tareas bajo la supervisión de la Comisaría.

Con el primer procedimiento la Comisaría expropiaba los terrenos, construía la infraestructura y los servicios, y los convertía en solares que adjudicaba a entidades constructoras mediante subasta, con lo que se recuperaba el dinero invertido más un beneficio que incrementaba el presupuesto anual de 25 millones. Con este sistema se construyeron: La Ventilla, Quintana-Pueblo Nuevo, Canillejas y polígono de Santamarca.

El segundo sistema se utilizó para el ensanche de la Avenida del Generalísimo (Paseo de la Castellana), donde se emplazaba a los propietarios a asociarse, urbanizar y edificar. Si éstos no realizaban las tres operaciones se les expropiaba para cederlo a la iniciativa privada con un plazo de edificación. Por otra parte el ensanche se hizo con el sistema directo destinado a edificación residencial en línea.

En 1948 se proyectó el sector de la prolongación de General Mola (Príncipe de Vergara), en la zona donde se encontraban numerosas colonias de viviendas unifamiliares, aún hoy existentes en parte (Cooperativa de la Ciudad Jardín, colonia Primo de Rivera, Cruz del Rayo. Etc.). el suburbio de la Prosperidad y los bloques Tarré. Otras actuaciones de la Comisaría fueron el sector de la Prosperidad, limitado por López de Hoyos, Abroñigal, autopista de Barajas y calle Cartagena, y el barrio de la Estrella, donde actuó el único propietario existente, la empresa Urbis, S.A., bajo el tercer procedimiento era la empresa la que proyecta y urbaniza, para ser supervisado después por la Comisaría. En el barrio del Niño Jesús, de la misma empresa, únicamente se siguieron las directrices de la Comisaría.

La Comisaría heredó de la Junta de Reconstrucción de Madrid la zona de la carretera de Extremadura, que se encontraba entre las tapias de la Casa de Campo (que habían sido desplazadas para hacer la carretera de Extremadura ) y el ferrocarril de Villa del Prado, donde después se construyeron bloques abiertos de cinco y diez alturas.

El organismo autónomo del Ministerio de Obras Públicas, Canalización del Manzanares, habilitó suelo urbano en esta zona que se pretendía ennoblecer. Se crearon zonas verdes y viviendas para la clase media. Esta últimas supusieron un 44 por 100 del suelo total ocupado para diversos usos.

La industria, que se encontraba dispersa en Madrid, aunque predominaba en Delicias y Tetuán (pequeña industria), se trató de agrupar en zonas especiales y urbanizadas a tal fin. Así la Comisaría actuó en Canillejas y Vallecas, y Regiones Devastadas solucionó el abastecimiento de agua, en el polígono de Villaverde, donde el I.N.I. situó la industria pesada.

Los organismos oficiales que promovieron viviendas en la década de los 40 fueron:

El cambio de modelo económico iniciado en los cincuenta se acompañó de un nuevo empuje migratoria hacia la capital. Ello tuvo importantes repercusiones en el espacio urbano, e hizo necesario recobrar buena parte de las concepciones urbanisticas recogidas en el plan Zuazo-Jansen y del plan regional de Besteiro. Estos fueron los presupuestos de los que partio Pedro Bigador para la elaboración del plan regional de ordenación de Madrid realizado en 1941. La idea del "Gran Madrid" empezó a tomar cuerpo en 1950 cuando se agregaron a la ciudad municipios como Aravaca, Barajas, Canillas, los Carabancheles, Hortaleza, Vallecas, Vicálvaro… Se consolidaba la segregación espacial de Madrid que ya venía de decenios anteriores. Entre 1956-1960 se acentuó claramente la división norte-sur de la ciudad que encontró proyección en el área metropolitana.

Pronto se observó que el plan Bigador no era viable para regular el crecimiento urbano de la ciudad. Confluyeron para ello varios factores, entre los que destacaron la especulación del suelo y las carencias infraestructurales. Así comenzó un crecimiento urbano que desbordó las previsiones iniciales. En 1956 existían en Madrid y su entorno más de 50.000 chabolas, sin contar con los problemas de infravivienda, hacinamiento y realquiler que generaron zonas de deterioro urbano de dificil solución, ejemplo de esa sutuación fueron los poblados dirigidos y de absorción creados a partir de 1954.

El chabolismo se extendió por todo el cinturón de Madrid, los antiguos suburbios madrileños exteriores al paseo de Ronda, Tetuán, Prosperidad, Guindalera, Vallecas, etc., que disponían de una red de vías, alcantarillado, suministro de agua (no siempre hasta las viviendas), vieron surgir en cualquier calle nuevos edificios en altura, con la única exigencia de que guardasen las alineaciones convenidas. No existía planeamiento parcial alguno que orientase el crecimiento. El Estado reaccionó de dos formas: con nueva legislación y con promoción o protección de viviendas.

La primera legislación legal reguladora de las Viviendas de tipo social, se promulgó en 1954. La definición de este tipo de viviendas se limitó a dar superficie máxima y su coste: 42 m² y 25.000 pesetas. Se encomendaba al I.N.V. su relación y ubicación, fijando el número de 100.000 viviendas anuales. En 1956 se mantenía el número total de viviendas, al mismo tiempo que se actualizaba la superficie y los precios de las mismas.

Los beneficios eran directos o indirectos. Los indirectos eran similares a los ya mencionados de viviendas protegidas; en cuanto a los directos superaban a los de épocas anteriores, pues se concedían anticipos de hasta un 80% del coste sin interés y amortizable en 50 años. El 20% restante lo pagaba el constructor o el propio beneficiario. La calificación la otorgaba el I.N.V., siendo la duración del régimen de 20 años a contar a partir de la misma. No se precisaba ningún requisito especial para ser beneficiario. Las entidades promotoras eran entidades sin afán de lucro en la construcción de viviendas, como Ayuntamientos, organizaciones del Movimiento, sociedades benéficas, empresas para sus trabajadores, etc., y se daba preferencia a los tramitados por la Obra Sindical del Hogar.

Las Viviendas de Renta Reducida y Mínima surgieron en 1954 y se encomendaba con carácter exclusivo su construcción a la Obra Sindical del Hogar en colaboración con el I.N.V. en número de 20.000 anuales. El precio neto de la vivienda, excluyendo urbanización, servicios y terreno, oscilaba entre 100.000 y 74.000 pesetas. Los beneficiarios tenían que estar encuadrados en la Organización Sindical. Los indirectos eran iguales que en los de tipo social, así como la duración del régimen. Con este motivo se crearon los Patronatos Sindicales de la Vivienda en 1954, con un órgano central y patronatos provinciales y locales.

El gran paso de la política de la vivienda se produjo en 1954, año en el que nacieron las Viviendas de Renta Limitada. Se estableció una clasificación de viviendas sociales, y sobre todo se pretendió unificar la legislación existente, cancelando los regímenes existentes hasta entonces de viviendas protegidas y bonificables. También se facilitó la participación de la iniciativa privada en la construcción de este tipo de viviendas. El Estado promovía a través del I.N.V. y el Consejo Nacional de la Vivienda, creado en ese momento dentro del Ministerio de Trabajo. En 1955 se aprobó el Reglamento. Las Viviendas de Renta Limitada se definían como las que estando incluidas en los Planes Generales formulados al efecto se construyesen con arreglo al proyecto o anteproyecto aprobado por el I.N.V. por reunir condiciones que se señalasen en el Reglamento o en las ordenanzas que se dictasen para ello.

No se exigían requisitos especiales para poder ocupar o poseer una vivienda de renta limitada aunque existían limitaciones en cuanto al uso y destino. Los promotores se clasificaban en los que tenían afán de lucro de los que no lo tenían. Estos últimos podían ser, además de los organismos públicos, las sociedades privadas que tuviesen como móvil dar vivienda a sus asociados o a determinados estamentos o clases sociales sin medios suficientes para entrar en el mercado libre de la vivienda. Concretamente eran: Corporaciones Locales, Organización Sindical, Ministerios y organismos oficiales, Instituto Social de la Marina, cooperativas, entidades benéficas, Cajas de Ahorro, empresas industriales, agrícolas o comerciales con destino a su personal, diócesis y parroquias o cualesquiera otros que pudiesen ser considerados como tales.

Las viviendas tenían una clasificación provisional para la aprobación del proyecto y una definitiva a la terminación de la obra. El régimen duraba 20 años a partir de ésta última. En cuanto al destino se contemplaba la posibilidad de que pudiesen ser cedidas gratuitamente en alquiler o venderse al contado.

En este momento se crearon los Consejos Provinciales y Locales del Instituto Nacional de la Vivienda, que serían modificados al crearse en 1957 el Ministerio de la Vivienda. Ese mismo año dentro del régimen de Viviendas de Renta Limitada, se crearon las Viviendas Subvencionadas. Estas viviendas tuvieron además de los beneficios de exenciones tributarias que se determinasen y la preferencia de materiales y expropiaciones de terreno, el derecho a percibir una subvención a fondo perdido, y su renta se fijaba en función de la superficie útil que se adaptaba cada año a las variaciones del costo de vida mediante Decreto del Consejo de Ministros, que aplicaba de modo automático el índice fijado por la Dirección General de Estadística. Las viviendas subvencionadas podían ser de uso propio, en alquiler y venta. Para fijar el precio de las dos últimas modalidades se utilizaba un módulo aplicado a la superficie de cada vivienda.

El Gobierno autorizó al I.N.V. en 1955 la realización del II Plan Nacional de Vivienda. Se daba preferencia a la construcción de viviendas en las provincias con desarrollo industrial o minero español, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Oviedo, Zaragoza, Campo de Gibraltar y Málaga. Los organismo que debían colaborar con el I.N.V.: Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Industria, Instituto Social de la Marina, Patronatos Militares, Dirección General de la Guardia Civil y Renfe. Los resultados, como en el I Plan Nacional de la Vivienda fueron muy diferentes de los propuestos pues sólo se construyeron la mitad de las viviendas programadas.

Ante tal abundancia de legislación, programación y organismos, el Estado centralizó su política de vivienda, creando un nuevo Ministerio en 1957. Por otra parte, la legislación urbanística exigía un departamento que controlara su aplicación. Por tanto, el I.N.V. pasó del Ministerio de Trabajo al nuevo Ministerio así como las Direcciones Generales de Arquitectura y Urbanismo y Regiones Devastadas del Ministerio de la Gobernación. También pasaron a depender del Ministerio de la Vivienda, el Consejo Nacional de Urbanismo y el de Arquitectura. Se desarrolló el Reglamento Orgánico Provisional del Ministerio de la Vivienda como autoridad suprema del departamento, una subsecretaría, de la que dependían los servicios de Oficialía Mayor, Personal, Intervención General del Estado, Oficina de Contabilidad y Servicio Técnico de Información y Consulta; las Direcciones Generales de Vivienda, de Urbanismo y de Economía y Técnica de la Construcción, así como la Secretaría General Técnica. Se crearon las Delegaciones Provinciales del Ministerio de la Vivienda en toda España. En 1959 se aprobó el Reglamento Orgánico definitivo, que fue modificado parcialmente en años sucesivos. Ese mismo año se creo la Gerencia de Urbanización como organismo autónomo dependiente de la Dirección General del Urbanismo. La Gerencia se encargaba de adquirir suelo, generalmente mediante el sistema de expropiación, urbanizarlo según un Plan Parcial y cederlo al I.N.V. para la construcción de viviendas de protección oficial o industrias. Fue gracias a los beneficios de estas transmisiones como pudo la Gerencia ir aumentando sus actuaciones.

En 1957 se aprobó el Plan de Urgencia Social de Madrid; según palabras del propio ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, "se trata de enfrentarse con el problema de la vivienda en Madrid, para resolver no la parte normal de un crecimiento ordinario, sino aquella otra que a lo largo de unos años se ha ido acumulando sobre nuestra capital, y que hoy entre chabolas, realquilados y casas ruinosas, suman la gravísima cifra de 60.000 viviendas". El déficit pues, estaba calculado en esta cifra y se dio como plazo dos años para eliminarlo.

Las grandes orientaciones del Ministerio de la Vivienda fueron: primero, conseguir la máxima participación de la iniciativa privada, descargando al Estado de gran parte de sus energías en este campo; segundo, ordenar la construcción urbana de Madrid, ajustándose a la capacidad de ahorro, materiales, mano de obra, y suelo existente, para un mejor aprovechamiento de este esfuerzo; y tercero, conseguir, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y demás organismos (Comisaría de Urbanismo, Canal de Isabel II, Delegación de Industria, Organización Sindical, Canalización del Manzanares, Etc.), la limitación y descentralización de Madrid para impedir la inmigración y desarrollo anormal del suburbio, creando una zona verde de protección perimetral y encaminar a la nueva industria hacia un sistema de dispersión en ciudades satélites.

El Plan de Urgencias Social iba acompañado de medidas restrictivas del fenómeno suburbano limitando la inmigración y vigilando los asentamientos clandestinos. Dentro de las medidas arbitradas en el plan estaba la promoción de los Poblados Dirigidos que surgieron en 1957.

Se creo una entidad promotora de carácter mixto de derecho privado bajo la tutela del I.N.V., que se llamó Organización de los Poblados Dirigidos, donde colaboraban los beneficiarios y el I.N.V. junto con la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores, ambos integrados dentro de la estructura del Ministerio de la Vivienda. La Administración aportaba los terrenos urbanizados, el proyecto, dirección técnica, suministro de materiales, y la gestión de los anticipos sin interés y bonificaciones tributarias. A cargo del beneficiario corrían el pago de los terrenos, honorarios de proyecto y una pequeña parte de los materiales de construcción y mano de obra. Pero con respecto a esta última había una fórmula, que resultó eficaz, consistente en que si lo beneficiarios aportaban su trabajo personal, únicamente pagaban los terrenos y gastos generales y recibían un premio de 10.000 pesetas. De esta forma se trataba de atajar dos problemas al mismo tiempo: el paro de los inmigrantes y de los obreros de la construcción en general, y la escasez de viviendas. Para reducir el coste de las viviendas se enajenaban los locales comerciales por subasta. Las organizaciones de Poblados Dirigidos se extinguían una vez cumplidos sus objetivos.

Finalmente se crearon los Poblados Mínimos de Absorción. Se concibieron estas viviendas para los afectados sin medios económicos de los Planes de Ordenación Urbana que estaba llevando a cabo la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y su Alrededores. Por tanto, se encargó a esta última que promoviese viviendas con esta finalidad y se concibió al I.N.V. los beneficios que preveían en la legislación de Poblados Dirigidos. En un decreto posterior se trasladó la primera competencia al I.N.V., quedando encargada la Comisaría de preparar suelo urbano. Estas eran viviendas que se suponían temporales para su población, de dimensiones, como su nombre indica, mínimas y los barrios carecían de servicios comunitarios más elementales.